El 51% de los mexicanos está a favor de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial frente un 34% en contra

El presidente ha estado en la primera línea de defensa de la iniciativa, insistiendo en que va destinado a los “privilegios de los de arriba”. Ante el debate sobre los gastos del Poder Judicial, el 58% de los encuestados considera que “gasta más de los que debería”, por un 19% que opina que los presupuestos para el aparato de Justicia son justos y un 9% que estima que son “menos de lo que debería”. Durante sus conferencias matutinas, el presidente ha criticado el gasto excesivo, a su juicio, de ministros y magistrados en el marco de su política de austeridad presupuestaria dentro de la Administración: “¿Por qué ganan 700.000 pesos mensuales?” “Que expliquen por qué ganan eso, ¿por qué, además del sueldo, tantas prestaciones?, ¿cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan?”

Los encontronazos de López Obrador con los jueces han sido una constante durante el sexenio, a los que ha acusado de ineficiencia, corrupción y de beneficiar al crimen organizado. La impunidad y las carencias del sistema de justicia mexicano, desde el funcionamiento de los cuerpos policiales, las investigaciones de las fiscalías, hasta las resoluciones de los tribunales, son uno de los peores males de México. Un reciente estudio, reveló que durante el año pasado solo el 4% de las investigaciones avanzaron en los tribunales.

Ante la disyuntiva planteada de “mejorar la calidad de la impartición de justicia y la protección de los derechos establecidos en la Constitución” o “reducir el presupuesto y prestaciones de los Ministros, Magistrados y Jueces del Poder Judicial”, el 52% de los encuestados optó por la primera opción, mientras que el 39% se decantó por la segunda.

“No es austeridad, es venganza”, se leyó en los carteles que senadores de oposición mostraron durante la discusión del proyecto legislativo. La oposición ha denunciado que la reforma es una castigo al poder judicial, y en particular a la Suprema Corte, tras una serie de sentencias no favorables al Gobierno, desde la reforma eléctrica, la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército o la reforma electoral. En la misma línea, recuerdan que el recorte no se dio durante los años de Arturo Zaldívar al frente de la institución, con quien el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo una buena sintonía.

Un 30% de los encuestados opina que efectivamente se trata de un castigo. Mientras que un 56% considera que el motivo es “la austeridad para desaparecer los privilegios de ministros, magistrados y jueces”. La Suprema Corte ha estado en el ojo del huracán desde el nombramiento a principios de año de la nueva presidenta, Norma Piña. La valoración del máximo tribunal oscila entre un 62% de los que le tienen “poco o nada” de confianza; al 34% que declara que “mucha o algo”. Para cerrar con un 4% que prefirió no opinar.

Piña, que también dirige el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo de la Judicatura Federal, ha mantenido una postura de distancia con el Ejecutivo, muy diferente a la de su antecesor. Desde entonces ha sido una de las dianas preferidas de los ataques del presidente. Un 33% de los encuestados tiene una valoración “buena o muy buena” de Piña, por un 25% que la tiene “mala o muy mala”, un 12% que no responde, y un 30% respondió que no la conoce.

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